La Constitución Política establece que todos los ciudadanos, sin importar su género, religión, condición, preferencias sexuales, son iguales ante la ley. Esto significa que hombres y mujeres tienen los mismos derechos y obligaciones, y deben ser tratados de manera justa y equitativa en todas las circunstancias.
La lucha por la plena igualdad ante la ley sigue siendo un reto constante, que requiere no sólo de avances legislativos, sino también de un cambio cultural y social.
